Prisión preventiva para Martín Vizcarra

El juez Jorge Chávez Tamariz del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional determinó la prisión preventiva por cinco meses, argumentando “peligro de fuga” y falta de arraigo laboral como razones que justifican la medida cautelar. Vizcarra es investigado por el caso “Lomas de Ilo” y el proyecto del Hospital Regional de Moquegua.

Se le imputa haber recibido sobornos de empresas constructoras como ICCGSA y Obrainsa a cambio de favorecer contratos públicos durante su gobierno regional (2011–2014). Con esta resolución, Vizcarra se convierte en el cuarto expresidente actualmente en prisión preventiva junto a Pedro Castillo, Alejandro Toledo y Ollanta Humala y el quinto exmandatario peruano en enfrentar detención reciente, un reflejo de la crítica situación de corrupción y volatilidad política que atraviesa el país.

Vizcarra pasó la primera noche en la carceleta del Poder Judicial en el distrito de La Victoria (Lima) y, posteriormente, fue trasladado al Penal de Barbadillo (Diroes), donde también cumplen detención otros expresidentes. El Ministerio Público, liderado por el fiscal provincial Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato, solicitó la prisión preventiva ante la fuerte evidencia recopilada mediante colaboradores eficaces. La pena que se busca imponer en un eventual juicio alcanza hasta los 15 años de prisión.

La situación se da en un contexto de alta tensión política y de continuidad de denuncias de corrupción que han afectado a los principales liderazgos del país, mostrando una crisis institucional prolongada con frecuentes escándalos que han llevado a que seis presidentes sucesivos desde 2018 hayan sido objeto de procesos judiciales o renuncias abruptas.

Martín Vizcarra enfrenta ahora cinco meses de prisión preventiva mientras se profundiza una investigación por presuntos sobornos durante su etapa como gobernador regional. La medida judicial agrava aún más la crisis de confianza política que atraviesa el Perú, en donde varios expresidentes permanecen en prisión, y deja en evidencia el impacto persistente de los casos de corrupción en la estabilidad democrática del país.